SENZA CENSURA n.9
Italy, october 2002
 

Comienza la cuenta atrás de la ilegalización de Batasuna

We publish this matirial about the spanish legislation abouth political party, builded with the specifical target of the Batasuna illegalisation. The text is from "Euskal
Herria Paso a Paso", telematic bullettin, n. 60 july '02. We marke that in this months the Batasuna illegalisation it's turned effective.

Comienza la cuenta atrás de la ilegalización de Batasuna

El viernes día 28 de Junio fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Partidos, con lo cual, a partir de este momento entra en vigor y puede ser aplicada. Como abiertamente reconocen el PP y el PSOE, dicha ley ha sido diseñada con el objetivo de ilegalizar a Batasuna y su proyecto político, es decir, el fin es ilegalizar el independentismo vasco y a toda la izquierda abertzale.
Desde el Gobierno español se ha rehusado poner una fecha para la ilegalización pero algunos analistas indican que para mediados de julio, coincidiendo con el debate sobre la "nación" en el Parlamento español, podría llevarse a cabo la misma. En este sentido pueden entenderse las declaraciones del secretario general del PP, Javier Arenas, quien advirtió que una vez aprobada la ley, "el contador ya está funcionando". La ilegalización de Batasuna es, al parecer, inminente y va a suponer el colofón a una serie de actuaciones juridico-políticas encaminadas a la represión, criminalización y finalmente ilegalización del proyecto independentista vasco.
Según la nueva Ley, se requieren actitudes "graves y reiteradas de apoyo, sostén o aliento a la violencia", aunque no se especifica ni se regula ni se determina en qué consistirían dichas actitudes.
En opinión de algunos juristas la ley es insostenible, ya que, por una parte, atenta contra numerosos principios democráticos como el derecho a la libre asociación, a la libre expresión y defensa de las ideas, y por otra parte, técnicamente es totalmente ambigua, además de no garantizar ningún derecho y de prestarse a múltiples interpretaciones. Su pretensión es, y así lo reconocen, dejar las manos libres al Gobierno español para que lleve a cabo su particular cruzada contra la izquierda abertzale.
De hecho, según manifestaciones públicas de Mayor Oreja, bastaría con que Batasuna no condenase públicamente un acto de violencia para que la ilegalización sea llevada a cabo. Se deduce de ello que la Ley no regula comportamientos delictivos, que en cualquier caso, deberían imputarse a personas concretas y no a organizaciones, sino que simplemente es un soporte jurídico que va a ser usado a conveniencia política del Gobierno español. Desde el punto de vista jurídico, ¿desde cuándo es delito no condenar? Estaríamos pues, ante una utilización perversa de la legalidad vigente por parte del Gobierno del PP que pretende imponer su voluntad política pasando por encima de las garantías expresadas, incluso, en la Constitución española.
El rechazo a la ley de Partidos sigue sumando críticas. En recientes declaraciones la ex ministra británica para el norte de Irlanda Mo Mowlan rechazó la teoría de la ilegalización de una formación política como Batasuna y la calificó de "contraproducente" y suponer ningún paso adelante hacia la solución del conflicto político que sufre Euskal Herria: "no se puede poner fin a la violencia por medio de la violencia". Para Mo Mowlan, defensora del Acuerdo de Viernes Santo que sentó las bases de la paz en Irlanda del Norte, la solución del conflicto vasco no vendrá de las soluciones policiales, sino de "conversaciones inclusivas, en las que todos los que juegan un papel tomen parte". Y añadió, "creo que España tiene que reflexionar mucho sobre su forma de actuar en el futuro, al darse cuenta de que ninguno de sus esfuerzos conduce a la desaparición de ETA".

Desde Belfast, Irlanda del Norte, llegan críticas también a esta ley, por parte de su alcalde y miembro del Sinn Féin, Alex Maskey, quien en base a la experiencia irlandesa califica esta medida de "un paso en la dirección equivocada", ya que "la represión militar, judicial o estatal no soluciona ningún problema".
El juez Garzón se adelanta a Aznar e ilegaliza "de facto" a Batasuna.
Apenas cinco días después de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, y en medio de la polémica generada por la misma, un auto firmado por Garzón persigue ilegalizar en la práctica a Batasuna.
Esta medida hay que enmarcarla en lo que podría llamarse "teoría del entorno", a juzgar por la estrategia emanada desde el Gobierno español y apoyada por los diversos estamentos jurídicos españoles, según la cual no bastaría con combatir a ETA, sino que habría que actuar en contra de todo el "entramado" social y político existente en Euskal Herria y que de forma legal se manifiesta como independentista.
Se trata de una medida judicial, una más de las tomadas por la Audiencia Nacional española (heredera de los Tribunales de Orden Público franquistas) contra la disidencia vasca, cuyo objetivo es ilegalizar lo que llaman "el complejo ETA".
En el referido auto se considera a Batasuna responsable subsidiariamente de los actos de "kale borroka" y se le obliga a pagar unos 24 millones de euros en 24 horas bajo amenaza de embargo de sus bienes. Ello supone un nuevo golpe a la izquierda abertzale, ya que, sedes, locales, cuentas corrientes y sueldos de todos sus alcaldes, concejales, diputados, parlamentarios, etc, pueden ser requisados, tratando de hacer imposible el desarrollo de la actividad política que públicamente realiza la coalición abertzale.
En declaraciones de Emilio Olabarria Muñoz, parlamentario de EAJ-PNV y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial español, "estamos ante una resolución jurídicamente estrambótica" que se toma en base a "la pretendida constancia de la vinculación existente entre Batasuna, ETA y la kale borroka". En opinión de este jurista, esta medida se realiza mediante el "uso de atajos antidemocráticos y antijurídicos para la consecución de ciertos fines, lo que en el ámbito de la acción jurisdiccional constituye una aberración que de paso contribuye a desproveer al Estado de legitimidad para el ejercicio de una de sus funciones exclusivas, el regular ejercicio de la lícita represión penal". Y añade, "imponer a Batasuna la obligación de reparar a través del embargo de sus bienes los daños y perjuicios causados por determinados delitos de kale borroka.constituye un acto judicial carente de lógica jurídico-formal alguna"
En el auto dictado por el señor Garzón se imputa a Batasuna la "responsabilidad civil solidaria" en acciones de "kale borroka" (acciones de sabotaje realizadas supuestamente por jóvenes abertzales), en base a criterios defendidos anteriormente por este juez en los que se da por hecho la "vinculación entre ETA-EKIN-JARRAI-HAIKA-SEGI-HB-EH-BATASUNA-Herriko Tabernas y otras estructuras del complejo liderado por la primera", extendiendo la responsabilidad de Batasuna "a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado".
Ante este nuevo ataque de la judicatura española la Mesa Nacional de Batasuna, através de su portavoz Arnaldo Otegi, manifestó refiriéndose al embargo de bienes que "son los derechos de Euskal Herria los que están embargados desde hace siglos por los estados francés y español", e hizo un llamamiento al pueblo vasco para "responder con contundencia ante esta agresión" y para "hacer frente a la estrategia española con una iniciativa que nos lleve a un marco democrático nacional en el que seamos dueños de nuestros derechos". En cualquier caso, añadió, "no van a conseguir neutralizar la actividad de Batasuna" .

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